El 30 de noviembre se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, la Ley de Seguridad Interior que permitiría que el presidente de México pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.

El 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, esos que fueron negados a las mujeres. Cabe recordar que en 1789 se redactó la primera declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dos años después Olympia de Gouges parafrasea esta declaración cambiando la palabra “hombre” por “mujer” en exigencia del reconocimiento de las mujeres, lo que le costó la vida en 1793, fue aguillotinada. Fue hasta 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se reconoce “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia”

La ley impulsada por el PRI es contraria a los Derechos Humanos, pues es la puerta a la militarización del país, y potenciales violaciones de Derechos Humanos.

La ex representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Leonor Calderón Artieda señaló: “La historia y las estadísticas nos han demostrado que cuando irrumpen en una población fuerzas regulares o irregulares, que generalmente son masculinas y entran a un área, tienden a elevarse los abusos contra las mujeres y las niñas, violaciones que ponen en riesgo su integridad”.

El primero constitucional señala “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley.”

La experiencia mexicana nos ha enseñado que cuando el Ejército sale a las calles, lo que sigue no será el cumplimiento de ese mandato constitucional.

La presencia de tropas militares y fuerzas irregulares a lo largo y ancho del territorio nacional incrementa la violencia contra las mujeres y niñas mexicanas: cabe recodar a las tres tzeltales violadas en Chiapas (junio 4, 1994); 2 tlapanecas violadas en Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero (diciembre 3, 1997); 12 mujeres violadas en la zona Loxicha, en Oaxaca (1997); 2 mujeres violadas de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero (abril 21, 1999); una mujer agredida sexualmente en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero (febrero 16, 2002); una mujer violada en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero (marzo 22, 2002), 13 víctimas de violación en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006. Todas ejercidas ejercida por militares. Las víctimas siguen sin acceder a la justicia

A las 50 denuncias por violaciones a mujeres indígenas realizadas por militares, ocurridas en la sierra de Zongolica, Veracruz, registradas por el centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez en su informe 2002, se suman el caso que llegó este año a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Atenco y las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

O los desplazamientos forzados de poblaciones enteras, que huyen de la violencia en su comunidad como las miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas.

A todas se les ha negado la justicia. El sacerdote chileno Pierre Dubois lo dijo: “La Justicia que no llega cuando corresponde, ya es injusta” y además de negar la justicia, se promueve una ley que abre infinidad de posibilidades de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

La participación de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe tener un control estricto y contar con reglas claras que eviten las violaciones a los Derechos Humanos, afirmó el ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.

En el marco del día por los Derechos Humanos exigimos que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger y brindar seguridad a las personas, respeto a la integridad humana, seguridad con sentido de humanidad, necesitamos seguridad feminista, donde la ciudadanía se sepa protegida en su dignidad, que su cuerpo será respetado, que su palabra será escuchada, que su vida vale en condiciones de igualdad.

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