Giselle Melchor/ Voces Oaxaca

La comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI) causó polémica tras declarar que “es innecesario traducir a lenguas indígenas el Código Nacional Penal, pues sus destinatarios son analfabetas”.
La declaración causó indignación pues refleja la discriminación de la que son objeto los pueblos originarios del país.
“Inadmisible que el uso de la lengua materna cause discriminación o limite los Derechos Humanos”, apuntó por su parte el diputado local Horacio Antonio Mendoza en el marco del Día Internacional de Los Pueblos Indígenas.
Quién entre los esfuerzos que se realizan en la entidad, apuntó que una Ley de Derechos Lingüísticos del Estado de Oaxaca, “pugna por el reconocimiento del uso de la lengua materna, en todos los espacios públicos, y donde las instancias implicadas deberán prestar el servicio de un traductor, para atender de forma digna y adecuada las demandas de los interesados”.
En México existen 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 variantes, de las cuales 176 son habladas en el estado de Oaxaca,
de acuerdo al Catálogo de las lenguas indígenas nacionales.
Ante la falta de reconocimiento de las lenguas indígenas, el acceso a la justicia sigue siendo un tema pendiente en el estado, además de marcar una brecha de desigualdad para los pueblos originarios que son mayoría en Oaxaca.
“La ley que presento, busca reconocer el derecho de las personas que pertenecen a pueblos originarios a usar su lengua materna, y que esto no sea causa de maltrato, ni discriminación ante cualquier instancia del Estado, asimismo que cuando acuda a dichas instancias, reciba la ayuda de un intérprete si fuese necesario” declaró el diputado oaxaqueño.
Oaxaca cuenta con 3 millones 967 mil 889 habitantes, siendo la entidad federativa que ocupa el primer lugar en personas hablantes de lengua indígena con 1 millón 227 mil 660 personas, lo que equivale al 32.2 por ciento de la población total (INEGI).
Es así como se busca que toda persona cuente con los medios que garanticen el pleno ejercicio de otros derechos fundamentales, así como  expresar, mantener y desarrollar su propia cultura.