Tras los terremotos que han azotado al país, primero el 7 de Septiembre y posteriormente el 19 de Septiembre; la sociedad se movilizó para ayudar a quienes resultaron afectados; el país entero tomó acciones frente a la crisis y ha demostrado el poder de la sociedad organizada.

Al ver la apatía de los funcionarios y gobiernos, surgió la iniciativa de retirar gastos de campaña para 2018 a todos los partidos políticos, acción que dio resultados sin precedentes, pues se ha logrado que esto suceda.

Ahora la exigencia ciudadana es que se retire la pensión vitalicia que se le paga a los ex presidentes de México y que este dinero se emplee en apoyar a las víctimas del 7S y 19S. En la plataforma Change.org esta iniciativa ha alcanzado más de 53 mil firmas en menos de 24 horas.

 

Con estas acciones la sociedad exige que su dinero (el del heriría público), sea empleado en acciones que beneficien a quien más lo necesita, sobretodo en estos momentos de dolor, y no que se continúe el legado de privilegios de la clase política.

Es importante mencionar que cada ex mandatario recibe un ingreso mensual por más de 205 mil pesos, así como el pago de un seguro de vida y de gastos médicos, el cual está ligado a instituciones privadas, no a clínicas u hospitales públicos como el grueso de la población en el país. Adicionalmente el estado provee para su seguridad personal y la de sus familias a elementos del ejército, la fuerza aérea y de la armada; también a cargo del horario público.

Recibo pago ex presidentes

De igual forma se contempla la extinción de pensión para la viuda, en caso de que el ex presidente fallezca, como es el caso de Sasha Montenegro, viuda de José López Portillo, quien recibe un pago por 115 mil 178 pesos.

La figura de la pensión vitalicia fue implementada en 1987 por el entonces presidente Miguel de la Madrid, pero desde su concepción se dio bajo un marco de ilegalidad y a escondidas, ya que no dure publicada en el diario oficial de la federación, tampoco fue propuesta como indicativa de ley ante el poder legislativo, además de que la presidencia de la república se reservó el derecho de hacer públicos los documentos originales de su oficialización.

Es por todas estas razones que la sociedad exige acabar con las pensiones vitalicias y que este dinero sea destinado para la reconstrucción de nuestro México.