Pese a que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) establecen como prioridad que los servicios de salud detecten si las niñas que atiende fueron víctimas de violación sexual para que las instancias judiciales puedan investigar el delito, en la práctica esto no ocurre.

Si las niñas no cuentan con actas de referencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de agencias del Ministerio Público o si no muestran lesiones físicas que comprueben que la violación ocurrió recientemente, sus casos no son registrados, no se informa al Ministerio Público y el delito queda impune.

El tema de violación sexual en menores de edad es difícil de denunciar porque los agresores suelen ser personas cercanas a la víctima como familiares y conocidos, explicó en entrevista la coordinadora general de la organización Ririki Intervención Social que trabaja por los derechos de la infancia, Nashieli Ramírez Hernández.

Categórica, afirmó que hay una “laguna enorme” en cuanto a los datos, por lo que urgió a que el gobierno federal y los locales, articulen datos y piensen en otros indicadores como monitoreos y encuestas que permitan conocer “el verdadero contexto de la violencia sexual hacia las niñas”.

A la fecha, no existe ningún cuestionario que se aplique en las instancias de salud específico para detectar violencia sexual. Lo que hay es un cuestionario general de salud, para identificar entre otras cosas rasgos de violencia familiar, pero los reactivos son generales y no están especializados en la infancia, lo que dificulta tener un diagnóstico y registro certero de este tipo de violencia en niñas.

El único dato que se conoce específicamente es el de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), que de 2005 a 2012 registró 57 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años que sí fueron producto de violencia sexual.

Estos casos pudieron registrarse como tal, porque fueron referenciados del DIF y de otras instancias de justicia, de otra forma, el Inper no detecta si los embarazos que atiende en niñas de este rango de edad fue producto de violación.

La experta en ginecología y obstetricia Josefina Lira Plascencia y el psicólogo de la Unidad de Investigación en Medicina de la Adolescente, Edgar Díaz Franco, explicaron en entrevista que cuando una paciente llega al Inper se le aplica un cuestionario para ver indicadores de ansiedad o depresión que de ser positivos posteriormente se tratan en consultas psicológicas, pero los resultados no han arrojado casos de violación sexual, afirmaron.

“No hacemos búsquedas específicas de esta violencia, nos enfocamos en atender la parte clínica, lo legal corresponde a otras instancias”, afirma la doctora Lira Plascencia, pese a que la LGDNNA establece que los servicios de salud deben detectar y atender de manera especial estos casos en pro del derecho a la protección de la salud de las menores de edad.

Algo similar sucede con los casos de niñas víctimas de violación que acuden a consultas en otras instancias médicas por urgencias, no hay un conteo específico de los casos y si las pacientes dejan el hospital no pueden comprobar que el ministerio público continuará la investigación.

Laura Ramírez, una trabajadora social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que actualmente labora en el Hospital General de Zona “Venados” del IMSS dijo a Cimacnoticias  que es común que los familiares de las pacientes las den de alta voluntariamente cuando se les informa que llamarán al ministerio público.

Explicó que cuando una niña menor de 14 años de edad llega a los servicios de salud con signos de violencia, el personal médico que tiene el primer contacto con ella registra las lesiones que presenta en un formato que la subdirección médica entrega a los ministerios públicos luego de que el área de trabajo social entreviste a la familia de la menor de edad.

La trabajadora social dijo que la detección de violencia sexual sólo puede hacerla el doctor en la primera consulta, de urgencia. Si la paciente no presenta síntomas de agresiones recientes “es muy raro que continúe el proceso (registro)”, mencionó.

También atienden a menores de edad que presentan embarazos de más de 12 semanas los cuales, sospechan, fueron productos de una violación, pero el registro y posterior aviso al ministerio público no procede.

“A veces tienen miedo de decirnos que el agresor fue un familiar, pero ya no podemos hacer nada, los doctores tampoco porque muchas veces dicen ‘si las pacientes no hablaron antes, cuando todavía se podía interrumpir el embarazo lo que sigue es la parte médica nada más”, mencionó la trabajadora social con más de 15 años de experiencia laboral.

LABOR GUBERNAMENTAL

Los servicios de salud, al igual que las escuelas y el DIF tendrían que generar el registro de los casos de violación sexual a las niñas  según estipula el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), creado en 2015 como un mecanismo para que instancias federales y locales se coordinen y realicen políticas públicas enfocadas en la infancia.

Sin embargo, expuso Nashieli Ramírez, que como cabeza de su organización forma parte del consejo consultivo del SIPINNA capitalino, el discurso político que establece el funcionamiento de la SIPINNA no se concretará hasta que los organismos federales “trabajen de forma transversal”.

En el ámbito de la salud resulta importante señalar los cambios físicos, psicológicos y sociales que enfrentan las niñas madres, para quienes, aseguró Nashieli Ramírez, si el gobierno falló en la prevención de la violencia sexual está obligado con mucha más razón a restituirles sus derechos como víctimas”.

En ese sentido en la próxima entrega abordaremos los cambios en la salud y las vidas de las niñas víctimas de violaciones sexuales, una violencia que el gobierno federal se comprometió a erradicar e identificar con más rigor en los servicios médicos durante lo que resta del año y el próximo 2018, según consta en el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, publicado este mes.

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